El funcionamiento de los radares de velocidad qued\u00f3 nuevamente bajo la lupa en distintos puntos de la regi\u00f3n, a partir de situaciones registradas en Bragado y J\u00e1uregui que derivaron en cuestionamientos sobre la legalidad, los controles y el funcionamiento de los sistemas de fotomultas.<\/p>\n\n\n\n
El tema adquiere especial relevancia para Mercedes, donde comenz\u00f3 a debatirse la posibilidad de instalar controladores de velocidad sobre la Ruta Nacional 5, en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 41 y el Acceso Manuel Sanmart\u00edn. La propuesta es impulsada por concejales de La Libertad Avanza y ya genera posturas encontradas entre quienes consideran que los radares pueden contribuir a reducir la siniestralidad y quienes reclaman mayores garant\u00edas antes de avanzar con su implementaci\u00f3n para no tornar la medida con fines solamente recaudatorios.<\/p>\n\n\n\n
En Bragado, el Concejo Deliberante aprob\u00f3 una ordenanza impulsada por la concejal de Acci\u00f3n para el Desarrollo, Marita Gelitti<\/strong>, que derog\u00f3 las normas mediante las cuales se hab\u00edan convalidado convenios vinculados con un Plan Integral de Seguridad Vial y con CECAITRA, la C\u00e1mara de Empresas de Control y Administraci\u00f3n de Infracciones de Tr\u00e1nsito de la Rep\u00fablica Argentina.<\/p>\n\n\n\n La iniciativa fue aprobada por mayor\u00eda y posteriormente el Departamento Ejecutivo habr\u00eda decidido promulgarla, por lo que el proceso derivar\u00e1 en el retiro o desactivaci\u00f3n de los fiscalizadores de velocidad ubicados en las rutas 5 y 46.<\/p>\n\n\n\n Entre los argumentos expuestos para avanzar con la derogaci\u00f3n aparecen cuestionamientos sobre la capacidad jur\u00eddica de CECAITRA para suscribir el convenio, la falta de controles municipales sobre el procedimiento, problemas vinculados con la se\u00f1alizaci\u00f3n de las velocidades m\u00e1ximas y actas de infracci\u00f3n firmadas por funcionarios que ya no ocupaban los cargos consignados.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n fueron mencionados cuestionamientos judiciales relacionados con el sistema de fotomultas y una presunta red de \u00abborrado\u00bb de infracciones.<\/p>\n\n\n\n Gelitti sostuvo que la seguridad vial constituye una prioridad, pero remarc\u00f3 que los controles deben implementarse de manera regular y transparente, con estudios t\u00e9cnicos previos, estad\u00edsticas reales de siniestralidad y garant\u00edas para el derecho de defensa de los conductores.<\/p>\n\n\n\n El segundo caso se produjo en J\u00e1uregui, partido de Luj\u00e1n, donde un radar ubicado sobre la Avenida 25 de Mayo gener\u00f3 una gran cantidad de infracciones por superar una velocidad m\u00e1xima de 40 kil\u00f3metros por hora.<\/p>\n\n\n\n El propio intendente Leonardo Boto<\/strong> reconoci\u00f3 p\u00fablicamente que el dispositivo presentaba problemas y confirm\u00f3 que el Municipio solicit\u00f3 a la empresa prestadora que retirara la c\u00e1mara.<\/p>\n\n\n\n El episodio gener\u00f3 preocupaci\u00f3n entre vecinos que comenzaron a advertir en el sistema oficial de la Provincia una acumulaci\u00f3n de infracciones. En algunos casos, las deudas habr\u00edan llegado a varios millones de pesos, mientras que cada acta pod\u00eda superar los $ 332.000 sin el descuento por pago voluntario.<\/p>\n\n\n\n El reclamo se concentr\u00f3 adem\u00e1s en la se\u00f1alizaci\u00f3n y en las dificultades para afrontar multas acumuladas por personas que utilizan diariamente ese trayecto para trasladarse hacia escuelas y lugares de trabajo.<\/p>\n\n\n\n Boto se\u00f1al\u00f3 que el Municipio manten\u00eda conversaciones con el Juzgado de Faltas y con autoridades provinciales para buscar una soluci\u00f3n al problema y anticip\u00f3 que se analizar\u00eda formalmente la situaci\u00f3n de las infracciones generadas por el dispositivo.<\/p>\n\n\n\n Los casos de Bragado y J\u00e1uregui aparecen en un momento particularmente sensible para Mercedes, donde se discute la instalaci\u00f3n de radares sobre un sector de la Ruta Nacional 5.<\/p>\n\n\n\n Quienes impulsan los controles plantean la necesidad de reforzar la seguridad vial y prevenir excesos de velocidad en uno de los principales corredores de circulaci\u00f3n de la zona. Del otro lado, las objeciones apuntan a que cualquier sistema de fiscalizaci\u00f3n debe estar respaldado por estudios t\u00e9cnicos, estad\u00edsticas de siniestralidad, se\u00f1alizaci\u00f3n adecuada, procedimientos transparentes y organismos legalmente habilitados.<\/p>\n\n\n\n Los antecedentes regionales muestran que el debate no pasa solamente por instalar o no instalar un radar. Tambi\u00e9n involucra c\u00f3mo se determina la velocidad m\u00e1xima, d\u00f3nde se ubican los equipos, qu\u00e9 controles existen sobre su funcionamiento, qui\u00e9n administra las infracciones y qu\u00e9 mecanismos tiene el ciudadano para cuestionar una multa.<\/p>\n\n\n\n Para los vecinos y conductores de Mercedes, los casos de Bragado y J\u00e1uregui funcionan, as\u00ed como un antecedente concreto para evaluar antes de avanzar con nuevos sistemas de fiscalizaci\u00f3n sobre la Ruta 5. La discusi\u00f3n sobre seguridad vial contin\u00faa abierta, pero los episodios registrados en localidades cercanas ponen sobre la mesa una cuesti\u00f3n central: controlar la velocidad puede ser necesario, pero el sistema debe ofrecer tambi\u00e9n garant\u00edas de legalidad, transparencia y funcionamiento correcto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El funcionamiento de los radares de velocidad qued\u00f3 nuevamente bajo la lupa en distintos puntos de la regi\u00f3n, a partir de situaciones registradas en Bragado y J\u00e1uregui que derivaron en cuestionamientos sobre la legalidad, los controles y el funcionamiento de los sistemas de fotomultas. 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