La AJB denuncia graves incumplimientos de las medidas sanitarias dispuestas a nivel nacional para enfrentar el COVID 19. Ante el recrudecimiento de la epidemia se analiza el pedido de intervención de autoridades nacionales.
Referentes de la Asociación Judicial Bonaerense hicieron conocer su descontento sobre las condiciones que se deben afrontar en los distintos lugares de trabajo.
Explicaron que el Poder Judicial tiene graves dificultades para establecer protocolos adecuados de protección para las personas afectadas al trabajo presencial. Aún peor, transcurridos más de cincuenta días de cuarentena, no se ha podido garantizar la provisión a todos los organismos en funcionamiento de los insumos de protección básicos (alcohol en gel, guantes de látex, barbijos, máscaras faciales, productos de limpieza, entre otros).
Indicaron que a esa situación de improvisación y/o desidia por parte de su empleador, se suma la penosa y mil veces denunciada situación edilicia, que torna imposible garantizar las medidas de distanciamiento y donde frecuentemente faltan elementos tan vitales como el agua y el jabón.
Ante la complejidad de la situación expuesta, la AJB considera extremadamente peligrosa la puesta en funcionamiento de nuevos procesos y actividades que conlleven la presencia física de personal en los edificios judiciales o en entornos donde no se pueden controlar las condiciones de prevención de contagios (diligencias de oficiales de Justicia y notificadores o ciertas intervenciones periciales).
A partir de las proyecciones de los epidemiólogos en la AJB entienden que la sumatoria de contagios se realiza ponderando que aquellas actividades que se vayan incorporando lo hagan de manera restringida y bajo absoluto control de las autoridades sanitarias. Eso enseña la experiencia internacional en la materia, que resalta que una vez perdido el control del contagio pandémico, las muertes por colapso sanitario son inevitables y extremadamente numerosas. En función de ese desarrollo, toda modificación del escenario actual requiere de la evaluación y aprobación de quienes están a cargo de planificar la estrategia sanitaria.
Propuesta de la AJB y preocupación
Para encauzar esta situación, luego del dictado de la Resolución 480/20 el gremio judicial realizó a la Suprema Corte una propuesta para constituir un Comité de Crisis con participación de la Procuración General, donde se garantice un monitoreo en tiempo real de la cantidad de personas realizando tarea presencial en toda la provincia, se elaboren protocolos de prevención de carácter general y por sector de actividad, y se controle su cumplimiento.
Transcurridas casi dos semanas de su presentación, la Corte no ha dado respuesta alguna. Por el contrario, luego de que la AJB denunciara que sólo tres días después de dictada la Res. 480/20 el personal presencial se incrementó en un 20%, el Tribunal dio instrucciones para que se deje de informar al gremio los datos que arroja el presentismo: clara señal de que ese número continúa creciendo.
En caso de no tener una respuesta satisfactoria por parte de la Suprema Corte, los equipos de la AJB están trabajando en la presentación de denuncias ante las autoridades nacionales y provinciales de las carteras de Salud y Trabajo, así como las denuncias penales que correspondan por la violación de las medidas de aislamiento obligatorio.
