La propuesta de la concesionaria CCA no tuvo aceptación del Gobierno y se rescindió el último contrato de los proyectos públicos y privados. El camino que une Luján con La Pampa entra en stand by respecto de su futuro. Para Marcelo Suárez es una buena noticia.
El pasado lunes dejábamos como adelanto la oferta de la concesionaria de origen chino al Gobierno nacional, respecto del financiamiento de la obra de la autopista Luján – Bragado sobre la Ruta Nacional 5 que llega hasta la provincia de La Pampa. Pero ese mismo día, el Gobierno nacional y según informaron medios nacional, acordó la rescisión del contrato del corredor B con la empresa china CCA. “De esta manera, se cayó el último contrato que quedaba bajo el sistema de Participación Público-Privada (PPP) que implementó Mauricio Macri”, decía La Política on line respecto del sistema que la anterior gestión quiso poner en marcha en 2018. Agrega la información que la iniciativa, que comprende la Ruta Nacional 5 y estaba a cargo de China Construction América SA junto a Green SA, se encontraba en análisis luego de que Nación decidiera estatizar los 6 corredores viales. Dicho proyecto iba a unir la localidad bonaerense de Luján con la ciudad de Santa Rosa. «No pudieron concretar el cierre financiero», dijeron a LPO fuentes al tanto de la negociación sobre el último de los 6 corredores viales que quedaba con vida. Aunque los chinos presentaron papeles hasta este lunes, el propio Alberto Fernández decidió ejecutar la garantía porque consideraba que la tasa era muy alta. Los chinos, que valoraron mucho la gestión del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis (dijeron que era «muy amable y muy recto») acordaron rescindir luego de que el Ejecutivo les planteara dos opciones. Las mismas tienen que ver con incluir la obra en el plan quinquenal de obras con China que monitorea Gustavo Béliz e incluye la reactivación de tres líneas ferroviarias de carga, como el Belgrano Cargas. Por medio de este plan, el manejo sería de Estado a Estado y Argentina se comprometería a adjudicarle la obra a la china CCA de manera directa. La otra opción sería una iniciativa privada en la que el Estado argentino pagaría un bono y la empresa china se encargaría del financiamiento. Como explicó LPO, los chinos ya habían comunicado que estaban dispuestos a desembolsar 1.500 millones de dólares en la Argentina para la concreción de la obra del Corredor Vial B. Los chinos se inclinan por estas horas por el plan quinquenal. Con esta rescisión, explica LPO, 176 trabajadores que estaban empleados en este corredor serán trasladados a una empresa estatal llamada Corredores Viales. Otros 2000 trabajadores de la construcción que esperaban ser empleados en esta obra que ya estaba paralizada, no lo harán porque la obra quedó detenida por completo.
Buena noticia
Para el dirigente de entidades de defensa de usuarios viales, Marcelo Suárez, esto fue una buena noticia. Destacó que el Gobierno acordó con la empresa china la rescisión del último corredor PPP, la asiática CCA finalmente no logró obtener el cierre financiero para el proyecto y aceptó dar de baja el único contrato que quedaba adjudicado con esa modalidad. “Es muy buena noticia para los usuarios viales que se logró rescindir la totalidad de los contratos adjudicados bajo la modalidad de Participación Público-Privada (PPP) producto de la gestión del Gobierno de Macri. El Ministerio de Obras Públicas que dirige el abogado Gabriel Katopodis acordó con el consorcio conformado por China Construction América SA y Green dar de baja la concesión para el corredor B de la Ruta 5, el único que faltaba de los 6 que se adjudicaron, por PPP ante la imposibilidad de la empresa asiática de lograr el cierre financiero para el proyecto”, agregó. Suárez entiende que si bien debe ocurrir una transición, “exigimos el inmediato cese del cobro de peaje y el levantamiento de las barreras. Entendemos que es lógico que vuelvan a manos del Estado las rutas nacionales pero también queremos dar nuestra opinión como usuarios viales y para ello se debería convocar al Comité Nacional de Defensa de Usuario Vial que dirige Ricardo Lasca y del que soy parte”. Sostiene que a partir de ahora y preservando toda fuente laboral “hay que idear un verdadero plan vial en nuestras rutas argentinas y volver a realizar las obras publicas paralizadas. Tenemos que volver a licitaciones amplias y transparentes con audiencias públicas donde podamos opinar y ser vinculantes. Hay que revisar todo el sistema de peaje en rutas nacionales que siempre creí inconstitucional y perjudicial para el país. También se debería modificar urgente las resoluciones del Gobierno anterior en las autopistas que llegan a la Ciudad de Buenos aires que cobran en hora pico en ambos sentidos, los fines de semana, feriados y se dan el lujo de no levantar las barreras cuando hay atascamientos en las cabinas de peaje o desvían por accidentes o arreglos”. Concluye en que los PPP fueron un mecanismo “por el cual el macrismo intentó incrementar el volumen de obra pública sin recurrir a un mayor gasto fiscal o endeudamiento público directo. Falló porque el financiamiento corría por cuenta de las concesionarias, que debían contar con los multimillonarios fondos antes de empezar las tareas y por eso construyeron poco y nada. Ayer se firmó su acta de defunción después de dos años fallidos, en donde la disparada del riesgo país le impidió al sector corporativo hacerse de los dólares requeridos para la inversión”. No arriesga a considerar que se trata de un final feliz, “ahora depende de este Gobierno hacer las cosas bien. El tiempo apremia por todos los efectos que trajo la pandemia. Obra pública y Seguridad Vial son los primeros desafíos para comienzos del próximo año. Al menos tenemos algo para festejar en estas fiestas”, concluye.
