La Asociación Judicial Bonaerense y la Comisión Provincial por la Memoria dieron detalles de una denuncia realizada contra la magistrada del Departamento Judicial Mercedes. Le imputan violencia laboral sobre varios de los empleados.
Autoridades de la AJB provincial y local, junto a la Comisión provincial por la Memoria realizaron el pasado martes una conferencia de prensa a los fines de dar detalles de una denuncia presentada ante la Secretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia en contra de la Dra. Marcela Otermín, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal 1 del Departamento Judicial Mercedes.
Agustín García, integrante de la AJB a nivel provincial comenzó manifestando la decisión de hacer pública la denuncia sobre la mencionada funcionaria judicial. “…Realizamos una denuncia por la infracción en el marco de la Ley 13.168, que es la norma que sanciona, prevé, erradica y trata de establecer las responsabilidades en el marco de la violencia laboral que ejerce un magistrado o magistrada en la provincia de Buenos Aires”.
El dirigente gremial sostuvo que “un dato no menor es que 29 compañeras han solicitado el traslado en los últimos años, en la dependencia a cargo de la Dra. Otermín, dieciocho de los cuales lo hicieron por diferentes problemáticas de salud, que pusieron en riesgo su vida, no solamente en el marco del desempeño de su función, sino en su vida personal, por la cantidad de situaciones de violencia laboral que ha ejercido la titular Marcela Otermín”.
García añadió y recordó que la funcionaria tiene además una causa en el Departamento Judicial de Dolores, donde ha sido denunciada por el delito de Falsificación ideológica de instrumento público, agravada por su condición de funcionaria pública, en dos hechos, en concurso real. “Ustedes recordarán, eso es la bendita causa por la triple fuga de los hermanos Schillaci y Lanatta…”, sostuvo el referente de la AJB.
Para García, “no puede haber magistrada de estas características en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires y como Sindicato hemos denunciado a un sinnúmero de magistrados y magistradas… le pedimos de manera urgente a la Suprema Corte de Justicia de la provincia que haga el apartamiento preventivo de la Dra. Otermín, mientras se investigue los hechos que nosotros denunciamos…”.
Por su parte, Mariano Fernández (AJB Provincia) agregó que “… ella se caracteriza por delegar el trabajo y en esa delegación a funcionarios, funcionarias o empleados de las áreas administrativas de la planta del Juzgado, también trae aparejado que sobreexige al delegar dichas tareas, les atribuye responsabilidad personal y funcional como si ellos fuesen jueces de hecho, y en función de eso, lleva adelante una presión que afecta a la salud de los compañeros y compañeras…”.
Al ejemplificar algunas de las situaciones precisó que la magistrada no respetó la licencia por maternidad de una de las empleadas, quien a poco de ser mamá, la jueza le enviaba expedientes a la casa para que los examinara.
También para Fernández, los cargos descriptos ameritan el apartamiento preventivo de la Dra. Otermín, y agregó que en el marco del juri de enjuiciamiento que lleva a la par “no cabe otra cosa que su destitución”. La denuncia realizada por la AJB se concretó el último 28 de octubre.
También se cuestionó los extensos tiempos de licencia que la magistrada en cuestión ha tenido desde hace tiempo, precisando Agustín García que “la Corte ya no se puede hacer más la desentendida en esta situación”.
Comisión por la Memoria
Roberto Cipriano, secretario de la CPM, señaló que “en su actuación la jueza es autora de graves violaciones de derechos humanos al incumplir con las leyes vigentes. Al negar sistemáticamente derechos de las personas detenidas que cumplen con los requisitos de la Ley de Ejecución Penal agrava sus condiciones de detención… También ha incumplido sistemáticamente con la ley de Habeas Corpus rechazando sin tramitarlos o sin participar de las audiencias, condición que está expresamente señalada en la norma, en algo que tiene obligación de hacer como es estar presente, hablar con la persona detenida, entrevistarla, y esto también lo delegaba en los funcionarios de rango inferior, cosa que está totalmente señalada en las leyes vigentes, en cuanto a la necesidad oficial de la presencia de la jueza en esa audiencia… Ha sido muy grave la actuación de la jueza, por fuera del marco legal, y por eso decimos, en su accionar y en las omisiones de sus responsabilidades, violó los derechos humanos todos estos años. Todo esto lo hemos señalado, denunciado, por ahora sin respuestas de las autoridades, y esperamos que la Suprema Corte, ante esta sumatoria de situaciones, actúe”.
