En un documento que no trascendió públicamente aseguraron que la forma que asumió dicha comunicación “compromete de una manera indebida no solo los derechos de la jueza contra la cual se dirigió la denuncia sino también la imagen institucional del Poder Judicial en su conjunto”.
La semana anterior dimos cuenta de una fuerte denuncia que en nuestra ciudad realizó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asociación Judicial Bonaerense. En la oportunidad dieron a conocer la presentación de una denuncia administrativa e hicieron referencia al pedido de juicio político contra la jueza de este Departamento, Dra. Marcela Otermín a cargo Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de Mercedes. Entre los hechos presentados figuraban supuestas infracciones sobre violencia laboral. En dicha presentación se describieron con detalle situaciones de violencia extrema contra los trabajadores, como “la distribución inequitativa y arbitraria del trabajo, la delegación de sus funciones en la planta del Juzgado, las órdenes contradictorias y la falta de criterios administrativos y jurídicos razonables que también afectaron las decisiones sobre la ejecución de la pena de las personas privadas de la libertad que se encuentran bajo su jurisdicción”. Además, se mencionó que este mal desempeño “afectó la correcta prestación del servicio de justicia al extremo de generarle a la Dra. Otermín una imputación penal en curso. La jueza ya está imputada por la presunta comisión de los delitos de falsificación ideológica de instrumento público en el marco de su actuación durante la triple fuga de General Alvear, un hecho de gran trascendencia pública”, señalaron. También se dijo que en su Juzgado se demoraban sin motivo la resolución de pedidos que realizaban las personas detenidas por derechos previstos en la ley de ejecución penal, entre uno y ocho meses; se rechazaban habeas corpus sin darles tratamiento o cuando le daban trámite la magistrada no se presentaba a las audiencias, aunque firmaba como si estuviera presente. Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, señaló que “en su actuación la jueza es autora de graves violaciones de derechos humanos al incumplir con las leyes vigentes. Al negar sistemáticamente derechos de las personas detenidas que cumplen con los requisitos de la ley de ejecución penal agrava sus condiciones de detención. También ha incumplido con la ley de habeas corpus rechazando sin tramitarlos o sin participar de las audiencias, condición que está expresamente señalada en la norma”.
Preocupación
Resultó en principio llamativo que no hubo mayores respuestas a estas graves imputaciones. Protagonistas puso a disposición por dos vías diferentes la posibilidad de una respuesta en la misma edición, hecho que finalmente no se concretó. No obstante desde esta redacción tomamos conocimiento que en un documento de circulación interna, fechado el 30 de diciembre, el Consejo Directivo del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mercedes expresó su preocupación por el modo en que la Asociación Judicial Bonaerense llevó a cabo la difusión pública de la denuncia que formalizó contra una jueza departamental ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia. “Entendemos que la forma que asumió dicha comunicación – en la que se expusieron como absolutamente acreditadas una serie de cuestiones que deberán en su caso ser objeto de prueba en el marco de un debido proceso administrativo presidido por el derecho de defensa en juicio – compromete de una manera indebida no solo los derechos de la jueza contra la cual se dirigió la denuncia sino también la imagen institucional del Poder Judicial en su conjunto”, remarca. La escueta comunicación agrega que “sobra decir que desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios Departamental siempre trabajaremos a favor de la eliminación de cualquier tipo de práctica laboral atravesada por rasgos de violencia y que ejerceremos la defensa de los intereses de todas/os nuestras/os colegiadas/os a través de los cauces institucionales que apliquen a cada situación en particular”, concluyeron.
