Bajo el título “Repudio persecución docente” y fechado el pasado 24 de mayo, también se conoció un documento elaborado por la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos-Desaparecidos por la Dictadura Cívico-Militar, la Mesa local de la Memoria y la Coordinación de Derechos Humanos de la Municipalidad de Mercedes. En el mismo se repudia lo que consideraron un acto de persecución “hacia docentes de nuestra comunidad perpetrado días pasados por el consejero escolar Daniel Ivaldis y la concejala Débora Lacasa, ambos de la alianza Juntos por el Cambio, quienes se apersonaron en Jefatura Distrital con el objeto de manifestar a las autoridades educativas locales su preocupación por lo que autodenominaron “adoctrinamiento” por parte de docentes de una escuela hacia sus estudiantes sin contar con denuncia ni documentación alguna que respalde sus dichos, instalando la difamación, la estigmatización y la discriminación hacia una escuela y sus docentes ante la opinión pública a través de un comunicado de prensa que invoca la búsqueda de una supuesta “ecuanimidad” a la hora de abordar la última dictadura cívico-militar”. En el mismo añaden que este tipo de discursos, el de Ivaldis y Lacasa, “se fundamentan en la teoría de los dos demonios y constituyen la antesala del negacionismo promovido por el espacio político al que pertenecen, cuyo objetivo es desprestigiar y desarticular las luchas colectivas por Memoria, Verdad y Justicia”. Añaden que este tipo de acciones “son absolutamente antidemocráticas por su carácter de vigilancia, control y persecución ideológica que nos retrotrae a lo peor del Estado terrorista argentino”. Tras recordar algunos hechos ocurridos hace algunos años, dejaron en claro que luego del golpe del 24 de marzo de 1976 “desaparecerían y asesinarían a 23 mercedinos, en tanto cerca de 900 conciudadanos serían víctimas de secuestros; torturas; reclusión en centros clandestinos de detención; apropiación de niños; privación ilegítima de la libertad; prisión política; exilio; libertad vigilada o bajo amenaza; control y persecución social, ideológica o política; despido o persecución laboral”. Para las entidades firmantes del citado documento, “acciones como las llevadas a cabo por la concejala y el consejero de Juntos por el Cambio se condicen con su condición de dirigentes de ese espacio político. Basta recordar la intentona de la Corte macrista del 2X1 a genocidas, las domiciliarias otorgadas durante la gestión Macri a genocidas con condena firme por crímenes de lesa humanidad, la persecución a docentes y el silenciamiento impuesto en las escuelas ante la desaparición forzada de Santiago Maldonado en la Gestión Vidal”. El pronunciamiento concluye con el “absoluto apoyo a las y los docentes comprometidos con la Memoria, la Verdad y la Justicia. Sostenemos que no hay democracia sin Derechos Humanos”.
