La Procuraduría solicitó que los hechos sean considerados crímenes de lesa humanidad e imprescriptibles. Los cinco acusados formaban parte del regimiento con asiento en Mercedes y se solicitó la revocación de prisiones domiciliarias. Los máximos responsables de la unidad militar fueron excluidos del debate por el tribunal.
El portal del Ministerio Público Fiscal (Fiscales.gob.ar) informó que la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Ángeles Ramos, y las auxiliares fiscales Nuria Piñol Sala y Viviana Sánchez, solicitaron al Tribunal Oral Federal Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que imponga la pena de prisión perpetua a cinco acusados que formaban parte del Regimiento de Infantería Nº 6 (RI6) General Viamonte de Mercedes, por crímenes perpetrados en 1976 en perjuicio de cinco militantes del PRT-ERP, en la zona oeste del conurbano bonaerense. Las representantes del MPF requirieron al tribunal que declare que los hechos, que están siendo juzgados desde el 3 de diciembre pasado, sean considerados crímenes de lesa humanidad e imprescriptibles. En su exposición, formularon acusación por el homicidio de Jorge Emilio Arancibia y las privaciones ilegales de la libertad de Rocío Ángela Martínez Borbolla, Pedro Oscar Martucci, Pablo Pavich y de un hombre que no pudo ser identificado, que fue también víctima de tormentos. El Ministerio Público solicitó la máxima pena para los exsubtenientes Emilio Pedro Morello, quien estuvo a cargo de la Sección de Tiro de la Compañía de Infantería A; Luis Alberto Brun, quien tuvo a su cargo la Sección Apoyo de la Compañía de Infantería B; Martín Eduardo Sánchez Zinny, a cargo entonces de la Sección Tiro de la Compañía C; y Horacio Linari, quien tuvo a su cargo la Sección Tiro de la Compañía de Infantería A; y para el ex cabo primero, jefe de grupo a cargo de la Sección Tiro de la Compañía A, Rubén Osmar Andrade. A todos ellos los consideraron coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Arancibia, privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada por mediar violencia o amenazas en perjuicio de dos víctimas -Pavich y la persona no identificada – e imposición de tormentos, agravada por su condición de perseguido político, en el caso de la persona no identificada. A Sánchez Zinny también lo acusaron por la privación ilegal de la libertad cometida con las mismas agravantes en perjuicio de Martínez Borbolla y Martucci. En el petitorio final, las representantes del MPF también requirieron que el tribunal revoque las prisiones domiciliarias de Morello, Brun, Zinny y Linari y se requirió la extracción de testimonios para investigar los delitos que sufrieron Bárbara y Camilo García en el secuestro de su madre y la responsabilidad de otro militar en los hechos.
Excluidos
La imposibilidad de someter a juicio a los máximos responsables de la unidad militar provocó que la gran mayoría de los casos que afectaron a 37 víctimas fueran excluidos del debate por el tribunal, pese a la solicitud de la Fiscalía de darles tratamiento. En el debate también estuvo acusado el ex segundo jefe del regimiento, mayor Luis Fernández Bustos, quien falleció antes que iniciara el debate; el exjefe de la Compañía A, teniente Serapio Eduardo del Río, con proceso suspendido; el exteniente Gustavo Delfor González Sass, ex teniente primero a cargo de la Compañía Comando y Servicios, quien falleció poco después de iniciado el juicio. También el exteniente Aníbal Miguel Sánchez, entonces jefe de Personal, integrante de la Plana Mayor del Regimiento, quien se encuentra prófugo. Por otra parte, el jefe de Inteligencia, exteniente Bartolomé Enrique Durán, también imputado en la causa Vesubio III, falleció en el año 2017 y el jefe de la Compañía B, ex teniente primero Guillermo Eduardo Cogorno, falleció recientemente con una imputación pendiente en la instrucción de la causa. El exjefe de la Compañía C, entonces teniente primero Alberto Francisco Bustos, quien intentó suicidarse cuando fueron detenidos los otros integrantes del regimiento, cuenta con un pedido de indagatoria por parte de la querella. Tampoco pudo ser juzgado el exjefe del regimiento, entonces teniente coronel Alberto Ramón Schollaert, quien está apartado del proceso por incapacidad sobreviniente. La imposibilidad de someter a juicio a Schollaert y a Fernández Bustos, máximos responsables de la unidad militar al momento de los hechos, provocó que la gran mayoría de los casos que afectaron a 37 víctimas – que constituían el objeto de este juicio – sean excluidos de su abordaje en el debate oral. El tribunal dispuso el mes pasado dejar sin efecto la convocatoria a los testigos y el tratamiento de la prueba sobre esos casos. La fiscal Ramos interpuso un recurso de reposición para solicitar que el tribunal reconsidere la decisión, y un pedido de nulidad parcial de la resolución, en subsidio. Finalmente requirió la realización del abordaje de aquellos casos en el marco del derecho a la verdad reconocido en la jurisprudencia internacional y nacional. Pero todos los planteos fueron rechazados por los jueces, que clausuraron la etapa probatoria y abrieron la fase de alegatos.
