En el día de ayer la Mesa Ejecutiva y administrativa de CARBAP presidida por Horacio Salaverri se reunió con diputados y senadores provinciales integrantes de la Comisión de Asuntos Agrarios de la Legislatura bonaerense para analizar la agenda sectorial y solicitar una actualización de la ley de emergencia provincial a los productores con la profunda sequía que golpeó con dureza vasta zonas de la provincia.
El principal reclamo giró en torno a la necesidad de avanzar en una amplia reforma de la Ley N° 10.390, que regula, entre otras cosas, las características de las declaraciones de emergencia agropecuaria, las herramientas de asistencia, como auxilios crediticios e impositivos, y los requisitos que deben cumplir los productores para estar comprendidos, los cuales en esta sequia quedo demostrado que es de dificultoso acceso.
Se explicó la inconveniencia de ir aplicando “declaraciones cortitas” de tres meses frente a una sequía histórica, en lugar de decretarla hasta fin de año. Algo que se había solicitado el año pasado al gobernador y en cambio se tuvo que ir firmando varias actas de reunión de la CEDABA en disidencia ante el reclamo desoído. En virtud de esta decisión y la dilación en la aplicación, los productores tuvieron que afrontar muchos pagos de impuestos – que debían ser prorrogados por ley-, problemas con la AFIP, y diferentes trámites, que de haberse decretado la emergencia hasta finales de 2023 se hubiesen evitado.
Así mismo se explicó la naturaleza de la ley, realizada para mitigar principalmente inundaciones y en menor medida diseñada para atender sequías ya que la sequía no afecta por cuarteles o parcelas. Se explicó además la baja incidencia presupuestaria que tiene la aplicación de la ley, en virtud de las parcelas presentadas, frente a los cual no se entiende semejante dilación y restricción en los periodos atendidos. Como así también se comentó la necesidad que las declaraciones de emergencia se encaucen desde los municipios, ya que muchos intendentes desconocen o demoran el trámite.
