El funcionamiento de los radares de velocidad quedó nuevamente bajo la lupa en distintos puntos de la región, a partir de situaciones registradas en Bragado y Jáuregui que derivaron en cuestionamientos sobre la legalidad, los controles y el funcionamiento de los sistemas de fotomultas.
El tema adquiere especial relevancia para Mercedes, donde comenzó a debatirse la posibilidad de instalar controladores de velocidad sobre la Ruta Nacional 5, en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 41 y el Acceso Manuel Sanmartín. La propuesta es impulsada por concejales de La Libertad Avanza y ya genera posturas encontradas entre quienes consideran que los radares pueden contribuir a reducir la siniestralidad y quienes reclaman mayores garantías antes de avanzar con su implementación para no tornar la medida con fines solamente recaudatorios.
En Bragado, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza impulsada por la concejal de Acción para el Desarrollo, Marita Gelitti, que derogó las normas mediante las cuales se habían convalidado convenios vinculados con un Plan Integral de Seguridad Vial y con CECAITRA, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina.
La iniciativa fue aprobada por mayoría y posteriormente el Departamento Ejecutivo habría decidido promulgarla, por lo que el proceso derivará en el retiro o desactivación de los fiscalizadores de velocidad ubicados en las rutas 5 y 46.
Entre los argumentos expuestos para avanzar con la derogación aparecen cuestionamientos sobre la capacidad jurídica de CECAITRA para suscribir el convenio, la falta de controles municipales sobre el procedimiento, problemas vinculados con la señalización de las velocidades máximas y actas de infracción firmadas por funcionarios que ya no ocupaban los cargos consignados.
También fueron mencionados cuestionamientos judiciales relacionados con el sistema de fotomultas y una presunta red de «borrado» de infracciones.
Gelitti sostuvo que la seguridad vial constituye una prioridad, pero remarcó que los controles deben implementarse de manera regular y transparente, con estudios técnicos previos, estadísticas reales de siniestralidad y garantías para el derecho de defensa de los conductores.
El segundo caso se produjo en Jáuregui, partido de Luján, donde un radar ubicado sobre la Avenida 25 de Mayo generó una gran cantidad de infracciones por superar una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.
El propio intendente Leonardo Boto reconoció públicamente que el dispositivo presentaba problemas y confirmó que el Municipio solicitó a la empresa prestadora que retirara la cámara.
El episodio generó preocupación entre vecinos que comenzaron a advertir en el sistema oficial de la Provincia una acumulación de infracciones. En algunos casos, las deudas habrían llegado a varios millones de pesos, mientras que cada acta podía superar los $ 332.000 sin el descuento por pago voluntario.
El reclamo se concentró además en la señalización y en las dificultades para afrontar multas acumuladas por personas que utilizan diariamente ese trayecto para trasladarse hacia escuelas y lugares de trabajo.
Boto señaló que el Municipio mantenía conversaciones con el Juzgado de Faltas y con autoridades provinciales para buscar una solución al problema y anticipó que se analizaría formalmente la situación de las infracciones generadas por el dispositivo.
Los casos de Bragado y Jáuregui aparecen en un momento particularmente sensible para Mercedes, donde se discute la instalación de radares sobre un sector de la Ruta Nacional 5.
Quienes impulsan los controles plantean la necesidad de reforzar la seguridad vial y prevenir excesos de velocidad en uno de los principales corredores de circulación de la zona. Del otro lado, las objeciones apuntan a que cualquier sistema de fiscalización debe estar respaldado por estudios técnicos, estadísticas de siniestralidad, señalización adecuada, procedimientos transparentes y organismos legalmente habilitados.
Los antecedentes regionales muestran que el debate no pasa solamente por instalar o no instalar un radar. También involucra cómo se determina la velocidad máxima, dónde se ubican los equipos, qué controles existen sobre su funcionamiento, quién administra las infracciones y qué mecanismos tiene el ciudadano para cuestionar una multa.
Para los vecinos y conductores de Mercedes, los casos de Bragado y Jáuregui funcionan, así como un antecedente concreto para evaluar antes de avanzar con nuevos sistemas de fiscalización sobre la Ruta 5. La discusión sobre seguridad vial continúa abierta, pero los episodios registrados en localidades cercanas ponen sobre la mesa una cuestión central: controlar la velocidad puede ser necesario, pero el sistema debe ofrecer también garantías de legalidad, transparencia y funcionamiento correcto.
