La facción disidente de SUTEBA definió una huelga para el miércoles tras un plenario con representantes de 36 distritos. Exigen un salario inicial de 1,6 millones de pesos y la reapertura urgente de paritarias, bajo advertencias del Gobierno bonaerense por la aplicación de descuentos.
Tras las medidas de fuerza que afectaron el regreso a las aulas después del receso invernal, el sector disidente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) anunció una nueva huelga de 24 horas para la semana entrante. La medida de fuerza, que complicará el dictado de clases en escuelas de diversos distritos de la provincia, se llevará a cabo el miércoles 26 de agosto.
Como antesala a la jornada de huelga, los docentes nucleados en la agrupación Multicolor se movilizarán el martes 25 de agosto por las calles de La Plata para visibilizar sus demandas laborales. La decisión de avanzar con este plan de lucha fue consensuada en un encuentro del que participaron representantes docentes de 36 distritos bonaerenses.
El pliego de reclamos de la facción opositora tiene como punto central la «urgente reapertura de paritarias» y el establecimiento de un salario inicial de 1.600.000 pesos. Cabe recordar que el último entendimiento paritario entre el Gobierno provincial y los gremios mayoritarios se selló a principios de julio, determinando un incremento salarial del 7 % y pautando retomar las negociaciones recién en septiembre.
La huelga también reabre un fuerte foco de conflicto respecto a los haberes docentes: la Multicolor exige la devolución de los montos descontados en los últimos paros. No obstante, desde la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense sostienen que estas medidas de fuerza son ilegales al no contar con la convocatoria oficial de las autoridades de suteba, justificando de este modo la aplicación de quitas salariales por las jornadas no trabajadas.
Por fuera de lo estrictamente salarial, el sector disidente sumó demandas de carácter asistencial y previsional. Entre ellas figuran planteos vinculados al funcionamiento del Instituto de Previsión Social (IPS), problemas prestacionales con la obra social IOMA y una solicitud formal al Banco Provincia para que condone las deudas de los trabajadores de la educación.
