En el mundo de las improvisaciones y la falta de previsiones, la situación de la Ruta Nacional 5 parece entrar en un embudo, en un cuello de botella, tan angosto como el propio camino en casi la totalidad de su recorrido.
Un artículo de Letra P recientemente publicado, menciona que ante la situación de conflicto que se plantea entre el Estado y la financiadora internacional de las obras como la autopista, Nación pretende que la firma actual, es decir CEOSA, se haga cargo de esas asignaturas pendientes.
Sin embargo está claro que no están dentro de las exigencias contractuales estas obligaciones, por cuanto quienes se hicieron cargo de la explotación exigen revisar esas condiciones para recién dar una respuesta. Al parecer tampoco parecerían tener problemas de devolver la RN5 a manos estatales si al Gobierno le urgen tales situaciones.
Según marca Letra P “la concesión privada atraviesa su primer conflicto de magnitud. Mientras Vialidad Nacional pretende que la empresa concesionaria se haga cargo de finalizar las obras paralizadas de la autopista entre Mercedes y Suipacha y de la travesía urbana de Mercedes, la firma respondió que solo aceptará esa responsabilidad si se modifica el contrato de concesión”.
Agrega que la postura de la operadora abre un escenario de incertidumbre, ya que, de no alcanzarse un acuerdo sobre una nueva ecuación económica y financiera, la concesión podría quedar sin efecto apenas semanas después de haber comenzado.
Las obras de la autopista Mercedes-Suipacha permanecen paralizadas desde marzo de este año luego de una breve reactivación impulsada por el Gobierno nacional. La interrupción obedeció a la falta de pagos por parte de Vialidad Nacional, cuya deuda con la empresa constructora superaría los diez millones de dólares. Esa empresa constructora era CPC, una firma vinculada a Cristóbal López.
Ante esa situación y mientras el Ministerio de Economía define el futuro del proyecto, Vialidad Nacional propuso que la nueva concesionaria incorpore las obras pendientes dentro de las obligaciones del contrato que comenzó a regir hace escaso tiempo.
Sin embargo, y siempre a tenor de las afirmaciones del medio citado, la respuesta fue contundente: la empresa Corredor Vial 5, controlada por la constructora mendocina CEOSA, sostuvo que solo asumiría esa obligación mediante una renegociación contractual que contemple una modificación de la ecuación económica y financiera originalmente pactada.
“En otras palabras, la concesionaria considera que el contrato vigente no la obliga a ejecutar esas obras y reclama nuevas condiciones para incorporarlas. De no prosperar esa negociación, el planteo deja abierta la posibilidad de desistir de la explotación del corredor, lo que implicaría revisar o dejar sin efecto una concesión que comenzó hace menos de dos meses”, sostienen.
De acuerdo con información publicada por Letra P, los recursos aportados por la CAF habrían sido utilizados por el Gobierno nacional para fortalecer el resultado fiscal. Esa situación motivó que el organismo internacional requiriera una definición sobre la continuidad del proyecto, ya que una eventual cancelación obligaría al Estado argentino a devolver los fondos desembolsados.
El contrato vigente, con una duración prevista hasta 2046, contempla únicamente tareas de mantenimiento, conservación y reparación de la calzada, sin incluir la construcción de nuevas autovías ni la finalización de la autopista Mercedes-Suipacha. La ausencia de definiciones mantiene la preocupación de vecinos, productores, transportistas y entidades vinculadas a la seguridad vial.
