El propio Colegio Provincial de Magistrados emitió un comunicado para marcar la acción que promueven colectivos que dicen representar a personas privadas de la libertad. La Dra. Marcela Otermín, que actualmente está con licencia, figura en una lista de jueces a escrachar.
A través de un comunicado dado a conocer por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia se pudo saber que los jueces encargados de ejecutar las penas están siendo blanco de escraches y agresiones por parte de colectivos que representan a personas privadas de la libertad.
En ese sentido se pudo saber que en una lista de al menos diez magistrados a los cuales se marca como objetivos para escraches y pedido de juicio político se encuentra la Dra. Marcela Otermín, quien en los papeles figura como titular del Juzgado de Ejecución Penal 1 del Departamento Judicial Mercedes, pero en la práctica hace alrededor de un año y medio que dicha funcionaria se encuentra de licencia por cuestiones de salud.
Hoy a cargo de dicho Juzgado se encuentra subrogando el titular del Juzgado de Ejecución Penal 2, Dr. Ricardo Oliveira Buscarini, con quien Protagonistas pudo dialogar. El funcionario judicial dijo tener conocimiento de la situación, pero que por el momento no han tenido manifestaciones en el orden local.
“La semana pasada me informan que iba a venir un grupo de gente al Juzgado 1, al cual estoy subrogando, a realizar una suerte de escrache, pero no al Juzgado en sí, sino por su actividad de ejecución, y después se iban a ir a Tribunales… resulta que al final no viene nadie y me informan que en realidad venía un grupo de gente, los pararon en la ruta y no los dejaron llegar. Hasta ahí pensé que podía ser un invento, pero luego me entero de la situación esta por los medios…”, explicó el Dr. Oliveira Buscarini.
Si bien no pudo ser confirmado, habría existido también un llamado al propio Juzgado de Ejecución Penal 1 donde se les informaba la movida que se iba a concretar pero que finalmente no se hizo efectiva.
A su vez, magistrados de otros Juzgados de Ejecución de distintos Departamentos Judiciales llamaron telefónicamente a la propia Dra. Otermín para ponerla en sintonía de lo que estaba ocurriendo.
En tanto, en el comunicado público, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires expresó su “repudio” y denunció “agresiones, ‘escraches´, movilizaciones y amenazas a jueces y juezas del fuero de Ejecución Penal”. Según alegaron, estas presiones se vienen repitiendo por parte de “organizaciones de personas detenidas, aparentemente, en acuerdo con algún abogado de la matrícula” que “se han manifestado frente a los edificios de los Tribunales de distintos Departamentos Judiciales y están convocando a dirigirse a los domicilios donde viven las y los jueces, alentando a su extensión y profundización”.
En declaraciones realizadas, el vicepresidente de la entidad, Sergio Gago, apuntó contra “un grupo que nuclea a familiares de personas privadas de la libertad que, en las últimas semanas, han promovido una serie de manifestaciones en la puerta de los Juzgados” y aseguró que esas protestas “han tenido características amenazantes porque, además de los insultos y agresiones, se difunden por redes sociales y llaman a la profundización de estas medidas y a presentarse en los domicilios particulares de los jueces que no hacen lugar a las excarcelaciones que solicitan”.
“Es intolerable, atenta contra la independencia del Poder Judicial y, además, es una falta de respeto a las instituciones”, consideró Gago, quien, además, preside la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de La Matanza.
Presiones
En el comunicado que difundieron desde la organización que nuclea a los jueces bonaerenses, analizaron que la Justicia viene siendo foco de presiones desde el inicio de la pandemia. “Hace pocos meses, otros grupos han denunciado y se han movilizado bajo el supuesto de que se estaba abriendo las puertas de las cárceles bonaerenses a todo tipo de delincuentes. Esto fue registrado y amplificado por los medios de comunicación y las redes sociales. Esa situación, que no existió entonces, encuentra su contracara ahora, con la denuncia de que las y los magistrados no hacen lugar a ningún pedido de excarcelación”, remarcaron.
En ese sentido, Gago aseguró que el relato que se difundió ante esos pedidos de excarcelación que se generaron al inicio de la pandemia por el riesgo sanitario que implicaba el ingreso del virus a los penales bonaerenses, que están sobrepoblados, generó “la instalación del mito de la puerta giratoria”. “Pero los jueces están buscando, siempre, el fino equilibrio entre la aplicación de la ley y la situación de cada persona privada de la libertad”, remarcó. “Ahora, muy poco tiempo después de que se generara esa idea, nos están denunciando por lo contrario y dicen que la gente no sale de las cárceles”, contrastó.
En ese estado de situación, desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, exhortaron “a las autoridades de los tres poderes del Estado provincial a manifestarse públicamente y contribuir a poner fin a esta sucesión de versiones contradictorias e insostenibles” y aludieron a que estos hechos “tienen como claro objetivo presionar a las instituciones, con fines particulares o sectoriales”.
