El Senado de la Provincia de Buenos Aires volvió a sesionar de forma presencial y remota. En la oportunidad el cuerpo votó una iniciativa que crea el Registro Único de Trabajadores Estatales que hayan sido víctimas de muerte o desaparición durante el período comprendido entre los años 1974 y 1983, con el objetivo de visibilizar la magnitud del terrorismo de Estado en la provincia de Buenos Aires y respetando los lineamientos de Memoria, Verdad y Justicia. La normativa, presentada por el actual subsecretario de Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires Santiago Révora cuando era diputado, impone que en todas las dependencias y establecimientos educativos deberán colocarse placas identificatorias en homenaje a los trabajadores desaparecidos que hayan desempeñado tareas en esos organismos y/o estudiantes que hayan sido asesinados o desaparecidos. En marzo de 2018 la Cámara de Diputados bonaerense había dado media sanción a este proyecto de ley. La propuesta del actual subsecretario de Asuntos Municipales del Gobierno bonaerense oriundo de nuestra ciudad, fue aprobada durante una Sesión Especial que realizó el cuerpo hace más de 2 años para conmemorar el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El proyecto establece que «todos los organismos provinciales deberán, dentro de los 30 días de sancionada la presente, presentar a la Secretaría de Derechos Humanos la lista de personas comprendidas en los archivos de personal o que surjan de cualquier otra fuente principal o secundaria de información» a fin de conformar el Registro. Ese organismo deberá constatar la información solicitada y enviar a todos los responsables de organismos estatales los listados, previa notificación a los familiares directos de las personas fallecidas, quienes podrán oponerse a que el nombre sea exhibido. Una vez creado el registro, todas las dependencias e instituciones estatales de la provincia deberán colocar a la entrada del inmueble, «en un lugar visible y a la vista de los visitantes y trabajadores del mismo, una o varias placas identificatorias, en homenaje a los compañeros trabajadores, que desempeñaban tareas en ese organismo y hayan sido detenidos y/o desaparecidos, durante o como consecuencia del último golpe cívico-militar». Las placas deberán incluir foto, nombre y tarea que desempeñaba. En los fundamentos del proyecto, el diputado Révora aseguraba que el objetivo era realizar un «reconocimiento público y laboral a todos aquellos compañeros que durante la época previa y durante la dictadura sufrieron apremios ilegales, desapariciones, tortura y muerte» y aclaró que la iniciativa «viene a complementar la Ley 13.584, que obliga al Estado provincial a identificar a los Centros Clandestinos de Detención en el ámbito de la provincia».
